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El Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú por unanimidad decidió rechazar la apelación de la defensa contra la sentencia que condenó a 11 campesinos por la matanza de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012.

Rubén Villalba, el principal acusado, había recibido la pena de 30 años de cárcel y 5 de medidas de seguridad. Los demás recibieron sanciones de entre 20 y 4 años de encierro.

Los camaristas Carlos Domínguez, María Belén Agüero y Narciso Ferreira decidieron confirmar la sentencia dictada el 11 de julio de 2012, en el Palacio de Justicia de Asunción, por los jueces Ramón Zelada, Benito González y Samuel Silvero.

Dicho juicio estuvo marcado por una extrema tensión, ya que hubo gritos del público, pero de igual manera se dio a conocer el fallo judicial, incluso cuando el Colegiado dispuso un receso de 10 minutos, para que se desalojara al público, en especial a la activista de derechos humanos Guillermina Kanonnikoff.

Fueron más fuertes aún el reclamo y los gritos, dentro de la sala, por lo que una dotación de cascos azules ingresaron por la parte de atrás.

El pedido del presidente del Tribunal no se cumplió, por lo que la actuaria, a los gritos, acabó leyendo la resolución de los magistrados.

Con ello, declaró culpables a los acusados de asociación criminal e invasión de inmueble. En tanto a Rubén Villalba y Luis Olmedo, de homicidio doloso consumado y tentado. Ambos por matar al subcomisario Érven Lovera.

Asimismo, Arnaldo Quintana y Néstor Castro, de homicidio doloso tentado, al igual que a las tres mujeres. (ver infografía).

Cabe destacar que cuatro de los labriegos que recibieron la pena de 4 años de prisión, ya se encuentran libres, debido a que ya cumplieron sus penas.

el hecho. Durante el enfrentamiento entre campesinos y policías en las tierras de Marina Cué –en conflicto entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, del fallecido político colorado Blas N. Riquelme– hubo un saldo de 17 fallecidos, 11 campesinos y 6 uniformados.

Por otra parte, Santiago González, fiscal de Derechos Humanos, investiga los hechos de tortura que fueron denunciados por familiares de los condenados por el caso de la matanza de Curuguaty.

Los delitos denunciados son: homicidio doloso, asociación criminal, tentativa de homicidio doloso, robo agravado, denuncia falsa, persecución de inocentes, frustración de la persecución y ejecución penal, prevaricato, tortura, lesión grave, inducción a subordinado a un hecho punible e invasión de inmueble ajeno.

Fuente: ÚH


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