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El Frente Guasu (FG) presentó ayer un proyecto de ley que pretende regular la publicación de encuestas electorales con el fin de que las mismas ofrezcan información veraz, rigor científico y la identificación del financiamiento y ejecución de las encuestas a los electores.

Los legisladores refieren que hay un vacío en la legislación en esta área, a diferencia de la mayoría de los países de nuestra región por lo que proponen una serie de requisitos.

En primer lugar el proyecto de ley establece que todas las encuestadoras y personas que se dediquen a realizar sondeos de opinión deberán registrarse ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en donde, unos cinco días antes de la divulgación de la encuesta, la encuestadora debe precisar los datos de la empresa que contrató la investigación, el valor y origen de los recursos empleados para el trabajo, la metodología.

Así también el diseño de la muestra y la ponderación por sexo, edad, nivel de educación, situación económica y el espacio físico donde se realizará la encuesta, el nivel de confianza y un margen de error. Deberá consignar también el sistema interno de control y verificación y el seguimiento de la recolección de datos y el trabajo de campo. Asimismo, el cuestionario completo aplicado y el nombre de quien paga por el trabajo hecho.

Los medios deberán publicar una ficha técnica que contendrá el nombre de la encuestadora y de la persona o institución que contrató y pagó por la investigación, así también la metodología y el texto íntegro de las cuestiones planteadas sobre materia electoral y número de personas que no han contestado a cada una de ellas.



El sistema de muestreo, el tamaño de la muestra, el margen de error de la misma, el nivel de representatividad, el procedimiento de selección de los encuestados y nivel de confianza son los datos que deberán estar incluidos también en esa ficha.

Además de las fechas, los lugares de realización y el universo de la población encuestada, es decir, la cifra de encuestados.

El no cumplimiento de estos requisitos acarreará pago de multas para las encuestadores de 5.000 a 10.000 jornales mínimos.

Boca de urna. Los legisladores también pretenden modificar el artículo 306 del Código Electoral y se considerará como transgresión “toda forma de insinuación de los resultados o tendencias que se vayan produciendo. Asimismo la referencia al orden de candidatos, alusión a características más o menos conocidas de ellos, claves o cualquier artimaña”.

El primer corte de boca de urna podrá realizarse a partir de las 13.00 del día D.

Los senadores del Frente Guasu explicaron en el documento que el poder de estas mediciones es muy importante para la sociedad, “pero mal utilizado, puede servir como elemento para manipular a la opinión pública”.


Fuente: ÚH

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