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La Corte Suprema hizo lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por funcionarios del Ministerio Público en lo que respecta al acceso de la Contraloría General de la República a sus cuentas bancarias sin orden judicial.

El Secretario General del Sindicato de Funcionarios, empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (Sifetramipar), Odilon Turo, promovió la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (inciso 5) y 11 de la ley 5033/13 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.

El dirigente gremial argumentó que la normativa representa una coacción sobre el funcionario, obligándolo a accionar contra sus propios intereses y de terceros, además de atribuir a la Contraloría potestades que no le corresponden, informó el periodista Raúl Ramírez.

Al respecto, los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña resolvieron hacer lugar en forma parcial al pedido de inconstitucionalidad, al declarar inaplicable el segundo párrafo del artículo 11 que autoriza a la Contraloría acceder sin orden judicial a las cuentas bancarias de funcionarios de la Fiscalía que son investigados.

De acuerdo al estudio de los ministros este apartado viola el mandato constitucional que exige la emisión de orden judicial para allanar recintos privados.

A partir de esta resolución, la Contraloría General de la República no podrá revisar las cajas bancarias de los trabajadores del Ministerio Público, pero estos aún están obligados a presentar declaración jurada, ya que no hubo cambios acerca del artículo 3.

La ley sigue vigente íntegramente para los funcionarios de las demás instituciones públicas.


Fuente: ÚH

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