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El Fisco asegura que de aprobarse las solicitudes de aumento remunerativo para el 2018, se estaría chocando con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el crecimiento anual del gasto corriente.

El Ministerio de Hacienda afirmó que los aumentos salariales solicitados por las instituciones públicas al Congreso para el 2018, por encima del proyecto presentado por el Ejecutivo, colisionan con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El Fisco sostiene que de aprobarse estos pedidos de aumentos de gastos, por USD 155 millones, se estaría violando lo estipulado en los numerales 2 y 3 del artículo 7 de la Ley 5098/13.
Estos apartados establecen que en el Presupuesto General de la Nación (PGN), el incremento anual del gasto corriente público no puede exceder la tasa de la inflación más el 4%. Añaden que, en caso de incluirse aumentos salariales, estas subas deben darse como máximo en la misma proporción en que fue ajustado el salario mínimo.

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, explicó que el crecimiento del gasto corriente en el proyecto presentado por el Ejecutivo al Congreso fue elaborado ya teniendo en cuenta el límite de inflación estimada más el 4%, de acuerdo a lo que establece la LRF. Esto hace que, prosiguió, cualquier incremento en este sentido ya supere el tope establecido en la citada legislación.

Recordó que el salario mínimo fue aumentado en un 3,9% en julio de este año. Sin embargo, instituciones como la Corte Suprema de Justicia solicitaron más presupuesto para un aumento salarial del 10% para sus funcionarios.

"El proyecto del Ejecutivo es lo que se considera viable dada la estimación de ingresos. Cualquier aumento de gastos por encima de eso, entra en conflicto con la Ley de Responsabilidad Fiscal, y por sobre todo, no tendría financiamiento", expresó el viceministro Colmán.

Inflado. Siete entidades públicas, de las nueve que realizaron audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto para el 2018, ya solicitaron la suma de USD 155,5 millones adicionales sobre el proyecto de PGN remitido por Hacienda.

El Ministerio del Interior pidió un aumento de G. 110.620 millones por encima de lo remitido por el Ejecutivo, que serían destinados para financiar bonificaciones, construcciones, equipamientos y seguro médico.

La Corte solicitó G. 422.708 millones, de los cuales unos G. 68.000 millones se utilizarán para otorgar una suba salarial del 10% a sus 10.802 funcionarios.

La Fiscalía también pidió un incremento de G. 160.000 millones, que entre otras cosas, serán asignadas a gastos remunerativos y de funcionamiento.

El Instituto de Previsión Social (IPS), por su parte, solicitó a la Bicameral un aumento de casi G. 46.000 millones. Según su titular, Benigno López, de ese total, unos G. 12.694 millones serán utilizados por la administración para la creación de 700 nuevos cargos para personal de blanco, además de la reposición de rubros para los jefes de servicios y gastos varios de funcionamiento, entre otros.

Ahorro estatal de USD 119 millones

La política de racionalización del gasto, impulsada por el Gobierno, permitió en los últimos cuatro años un ahorro fiscal de USD 119 millones, informó ayer el Ministerio de Hacienda.
Según la cartera de Estado, este ahorro contribuyó al proceso de mejora continua que se viene implementando para mejorar la eficiencia del gasto público y así seguir fortaleciendo la cobertura de los programas sociales.

En ese sentido, la institución recordó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2018 contiene importantes recortes de los gastos superfluos, lo que se traduce en un ahorro por USD 42 millones.


Fuente: ÚH

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