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La Policía Federal pidió a la Corte Suprema 60 días más para concluir la investigación contra el presidente Michel Temer, por un supuesto fraude en un decreto firmado por el mandatario sobre el sector portuario, informaron medios locales.

Esta es la segunda vez que la Policía Federal solicita ampliar el plazo para terminar esta investigación tras el que le fue concedido el pasado 27 de febrero por el magistrado de la Corte Suprema Luís Roberto Barroso, responsable del caso, según publicaron los principales diarios brasileños esta noche en sus versiones web.

Las autoridades brasileñas investigan si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.

La apertura de esa investigación fue autorizada por el propio Barroso en septiembre del año pasado, a petición del entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien ya denunció a Temer en dos ocasiones el año pasado por otros asuntos relacionados con la corrupción.

Según el diario 'O Globo', la Policía Federal justificó su pedido, sobre el que se tendrá que pronunciar la Fiscalía antes de la decisión de Barroso, en la medida en que necesita más tiempo para analizar los datos obtenidos tras el levantamiento del secreto bancario de Temer y el material obtenido en diferentes operativos relacionados con el caso.

Uno de ellos fue el que resultó en la detención temporal de algunos de los allegados, como el abogado José Yunes, exasesor de la Presidencia, y el coronel retirado João Baptista Lima, ambos viejos y conocidos amigos de Temer, así como el exministro Wagner Rossi, un aliado político.

Temer ya entregó el pasado 18 de enero por escrito las respuestas a las 50 preguntas formuladas por la Policía Federal en relación a este asunto.

El caso se basa en las declaraciones a la Justicia, entre otros ejecutivos, de Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS, sobre las cuales la Fiscalía presentó en 2017 una primera denuncia por corrupción pasiva y una segunda por obstrucción judicial y asociación ilícita contra Temer, pero que fueron rechazadas por el Congreso.

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